martes, 11 de febrero de 2014

Artículo 155 al rescate del Estado de Derecho.



La "cosa" comienza de este modo: Cinco familias que residen en Cataluña creen que están en el derecho de que sus hijos reciban el 25% de las clases en lengua castellana. Como creen que es su derecho, acuden a los tribunales a que éste se les reconozca. Se gastan su dinero, pagan tasas, abogados y procuradores y después de mucho tiempo, la justicia dicta sentencia y les da la razón.

Y la "cosa" sigue así: La Generalitat se declara insumisa y se niega a acatar la resolución judicial, saca a la gente a las calles y consideran la sentencia como un ataque a Cataluña.

Aparte del considerable enfado de esas cinco familias, ¿qué significa todo esto? ¿Qué repercusión tiene para los ciudadanos españoles?

La "cosa" es bastante grave. El gobierno catalán, con esta decisión, rompe todas las reglas del juego democrático pues deja sin efecto la labor de control que uno de los poderes del Estado tiene sobre los otros, creando de este modo, un muy peligroso precedente. Visto lo visto, si la Generalitat no acata y ejecuta las sentencias judiciales, ¿quién va a acudir ahora a los tribunales para defender lo que considera son sus derechos? ¿Quién le asegura, por ejemplo, a un comerciante extremeño que en su próximo envío no le van a poner una multa por no rotular en catalán? y lo peor de todo, ¿quién le asegura que si reclama y gana, la Generalitat le va a restituir lo perdido?

Cuando el poder ejecutivo no ejerce su función con diligencia y sin arbitrariedades, el Estado democrático deja de funcionar convirtiéndose en lo que conocemos por una dictadura, que es como se le llama a esa forma de estado en el que tanto las leyes como la aplicación de las mismas están sujetas a lo que dicta "el Gobierno" que puede ser ejercido por militares, juntas cívicas o como es el caso que nos ocupa, partidos políticos sin escrúpulos.

Aún estando así "la cosa", el panorama no es tan desolador, la Constitución Española nos proporciona los instrumentos para que estos desmanes se corrijan de modo que nadie se quede sin el amparo de la ley. Para ello tenemos el artículo 155 de la Carta Magna, que dice lo siguiente:
    1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
    2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
Aplicar el artículo 155 no significa que los tanques se paseen por las Ramblas y se aplique el toque de queda, se trata simplemente de inhabilitar para ejercer ciertas competencias a aquellos que se niegan a respetar y acatar las decisiones que dictan los tribunales. No se trata de una medida exagerada ni extrema, se trata de garantizar el derecho que tiene cualquier español de acudir a la justicia y a que se cumplan las resoluciones que allí se dicten. Se trata de no permitir que nadie, ni siquiera un gobierno regional, se anteponga a los derechos de un sólo ciudadano de a pié.

Una vez analizado el asunto, la pregunta es obvia, ¿por qué el Gobierno Español no aplica el artículo 155? ¿Cómo es posible que Rajoy deje sin amparo a varias familias españolas que cuentan con una sentencia a su favor del Tribunal Superior de Justicia Catalana? Mucho me temo que la respuesta está en que esa dictadura de partidos que parece gobernar a sus anchas en Cataluña va más allá de las fronteras catalanas y tiende sus tentáculos por todo el estado español. La dictadura de los partidos políticos es una realidad a día de hoy, y la prueba más clara está en la composición del Consejo General del Poder Judicial, fiel reflejo de ese pacto de partidos que, si no ponemos remedio, controlará todas las sentencias judiciales de modo que no se vuelvan a dar casos como el que nos ocupa.



Y bien, llegada "la cosa" a este extremo, qué podemos hacer. Llegados a este punto sólo nos queda una salida: Darnos cuenta de que la realidad es la que és y votar en las próximas elecciones a un partido que crea y luche por un Estado de Derecho. El balón está en nuestro campo y nos toca sacar a nosotros, si dejamos pasar la oportunidad, puede que para la próxima nos hayan quitado hasta la pelota.